Tres o cuatro cuentas de e-mail; perfiles en Facebook, Twitter y Linkedin; cuenta de Flickr y YouTube; un acceso a mi oficina bancaria a través de la Red… Hoy en día, el que más y el que menos es poseedor de unos cuantos “Nombre de usuario y contraseña” que le dan acceso a una prolongación de su vida y su persona en el ciberespacio. Montañas de información, recuerdos y datos confidenciales se acumulan en servidores repartidos por todo el mundo. ¿Qué será de toda esa información cuando ya no estemos en este mundo? ¿Puede un internauta deslogarse en paz?

Pensar en la muerte propia no es agradable… por eso ya hay quien lo ha hecho por nosotros. Desde la costa oeste californiana (¡dónde si no!) nos llega una propuesta que lleva funcionando algo más de un año y se va haciendo cada vez más popular: Legacy Locker.

Esta especie de albacea digital permite almacenar toda la información sobre nuestras cuentas online y sus claves. A cada cuenta se le asigna un ‘heredero’ o beneficiario al que se le hará llegar la información de acceso y, si el finado lo desea, una carta de despedida. A la hora de firmar el contrato el testador designa también a un “verificador” que deberá confirmar el fallecimiento de esa persona con el correspondiente certificado de fallecimiento para que la información almacenada pueda ser liberada. Este servicio post mortem tiene un coste de 30 dólares al año.

Para muchos puede parecer una extravagancia o un capricho, pero la verdad es que ya se han dado casos en los que, la falta de jurisprudencia, la variedad de criterios según países  y el fuerte vacío legal que en general existe sobre los temas digitales han llevado a algunas familias a situaciones indeseables. En 2005 un juez de Estados Unidos le dio la razón a la familia de un militar fallecido en Irak que mantenía un conflicto con Yahoo. Los padres querían obtener un permiso para acceder a la cuenta de correo electrónico del militar para recuperar sus últimos mensajes y fotografías almacenadas. Sin embargo, Yahoo se negó a facilitar las claves de acceso, bajo el argumento de que su política de privacidad no se lo permitía. La familia del soldado recurrió a la Justicia y un juez dictaminó que los padres tenían derecho a leer los mensajes electrónicos de su hijo. En la memoria reciente de muchos está también el caso de Marta del Castillo. La cuenta de Tuenti de la joven asesinada por personas de su círculo de amigos fue, durante varios días, un espacio abierto a todos el que quisiera acceder a él. Muchos medios de comunicación sacaron de allí todo tipo de imágenes de la joven para ilustrar sus informaciones. La cuenta sólo pudo ser anulada finalmente mediante una orden judicial.